La Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), oficialmente en vigor desde el 25 de julio de 2024, establece un marco legal para que las empresas europeas gestionen de forma responsable sus impactos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor.
Este marco normativo responde a la creciente demanda de transparencia y responsabilidad empresarial, y sitúa a las grandes compañías en el centro de una transformación que afectará, directa o indirectamente, a miles de proveedores y socios comerciales en Europa y fuera de ella.
Tras su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en la primavera de 2024 se establecieron unos plazos tanto para su transposición como para su aplicación. En febrero de 2025 se publicó el 1º paquete Omnibus el cuál, entre otras cosas, modificó dichos plazos. Actualmente los Estados miembros —incluida España— disponen de un plazo de tres años, hasta julio de 2027, para incorporar la directiva a sus legislaciones nacionales.
La aplicación de las obligaciones será progresiva, según el tamaño de la empresa.
También estarán obligadas las empresas de fuera de la UE que generen facturación equivalente dentro del mercado europeo, así como determinados grupos empresariales y franquicias. Aunque las pymes no están incluidas directamente, muchas se verán implicadas si forman parte de la cadena de suministro de empresas sujetas a la CSDDD.
Estos plazos pueden verse modificados más adelante por lo que se recomienda verificar el calendario definitivo antes de planificar la adaptación normativa.
La directiva exige a las empresas establecer procedimientos formales y verificables para gestionar riesgos e impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus proveedores directos y en otros eslabones cuando haya “información plausible”.
Las empresas deberán:
Cumplir con la CSDDD requiere desplegar un sistema sólido, continuo y auditable de diligencia debida. Estos son los seis pasos esenciales que contempla la directiva:
La CSDDD complementa otras normativas europeas en materia de sostenibilidad, especialmente la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que establece obligaciones de reporte para más de 5.500 empresas en España. Ambas directivas refuerzan el papel estratégico de la sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales y exigen una mayor integración entre las áreas de compras, compliance, ESG y reporting.
También se alinea con otras iniciativas como el Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR) o la Taxonomía Verde, configurando un entorno regulatorio cada vez más exigente para las grandes empresas y sus redes de proveedores.
SGS cuenta con una amplia experiencia en la evaluación de cadenas de suministro, derechos humanos, medio ambiente y gobierno corporativo. Apoyamos a las empresas en todo el ciclo de cumplimiento de la CSDDD, desde la preparación hasta la implementación y verificación:
La implementación de la CSDDD requiere preparación, recursos y un enfoque estructurado. Desde SGS, ayudamos a las empresas a anticiparse, adaptarse y convertir el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva basada en la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad.
